La Justicia federal ha impuesto restricciones migratorias al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, así como a los empresarios de la droguería Suizo Argentina. Esta medida se enmarca en una investigación por presuntos sobornos y contrataciones irregulares, que ha llevado a múltiples allanamientos y al secuestro de dinero en efectivo.
El juez federal Sebastián Casanello dictó la prohibición de salida del país para Spagnuolo y los empresarios Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, relacionados con la droguería. Esta decisión se tomó tras una serie de operativos que incluyeron allanamientos en domicilios particulares, la sede de ANDIS y oficinas de la droguería, donde se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y una máquina de contar billetes. Se reportó que en poder de Emmanuel Kovalivker se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos.
Spagnuolo fue interceptado en Pilar cuando intentaba salir de su vivienda en su camioneta. Durante la intervención, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y una gran cantidad de billetes de baja denominación. Horas antes, había sido apartado de su cargo, aunque la Casa Rosada no ofreció explicaciones públicas sobre su destitución.
Los operativos realizados sobre la familia Kovalivker también revelaron hallazgos significativos. Emmanuel fue detenido en Nordelta con dinero en sobres numerados, mientras que en la casa de su hermano Jonathan se encontraron cajas de seguridad abiertas y 50 mil dólares ocultos en una habitación de servicio. Además, el exfuncionario Daniel María Garbellini también se vio afectado por la medida judicial.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que se basó en un audio filtrado donde se escucha a Spagnuolo mencionando supuestos pedidos de coimas, en el que también aparecen los nombres de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Actualmente, el fiscal federal Franco Picardi está trabajando en la pericia de los celulares incautados.
Con al menos 15 allanamientos realizados y la prohibición de salida del país en vigor, la investigación se centra ahora en el análisis de la información contenida en los dispositivos secuestrados, mientras las medidas judiciales continúan ejerciendo presión sobre el Gobierno.
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