El Senado aprobó, por dos votos de diferencia y con la negativa del kirchnerismo, el ascenso de 21 militares a los que el gobierno de Cristina Kirchner les había negado en 2010 la promoción al grado inmediato superior por “portación de apellido”. Este argumento, impulsado por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, se basaba en que dichos oficiales tenían parentescos con militares que actuaron en la última dictadura militar.
Los ascensos reconocen a 15 tenientes coroneles del Ejército y seis capitanes de fragata de la Armada, quienes recibirán el ascenso con retroactividad a 2018, aunque continuarán en situación de retiro.
El acuerdo fue impulsado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y se aprobó con 36 votos a favor y 34 en contra durante una sesión maratónica en la que la oposición también rechazó cinco decretos del presidente Javier Milei y aprobó un proyecto de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.
Los tenientes coroneles ascendidos son: Guillermo Alejandro Saa, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Eduardo Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattáneo, Julio Héctor Balloffet, Oscar Santiago Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Leonardo Tagni y Antonio Agustín Duarte, quienes recibirán el grado de coronel.
Asimismo, serán promovidos los capitanes de fragata: Eduardo Enrique Pizzagalli, James Ronald Whamond, Gustavo Ignacio Barreto Neuendorf, Jorge Emilio Sciurano (veterano de Malvinas), Marcelo Rodolfo Barbich y Juan José Lucena, quienes ascenderán a capitanes de navío.
“Portación de apellido”
La decisión de marginar a oficiales que estaban en condiciones de ascender fue una modalidad que caracterizó el manejo de los ascensos en las Fuerzas Armadas durante el período kirchnerista, especialmente bajo la gestión de Garré. Este bloqueo a las promociones llevó al retiro de los militares afectados, generando polémica en el seno de las Fuerzas Armadas.
En desacuerdo con esta política, el general de brigada Alejandro Díaz Bessone y el contraalmirante Carlos B. Castro Madero solicitaron su propio pase a retiro, aunque no fueron acompañados por el resto de los altos mandos.
Un oficial retirado celebró la decisión del Senado, indicando que “se les cortó la carrera por un motivo ajeno a su desempeño profesional y ahora, aunque sea tarde, llega la reivindicación”.
El presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Luvero Torres, calificó la medida como una “reparación tardía y parcial, tras años de atropellos y persecución”, destacando que los oficiales fueron “injustamente postergados” y que “la imposición del retiro obligatorio cercenó carreras y aspiraciones legítimas”.
Lucero Torres argumentó que “los años de servicio y las oportunidades de mando perdidos ya no podrán ser restituidos, aunque al menos se reconoce la injusticia cometida”.
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