La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha declarado la constitucionalidad del impuesto mínimo a los cigarrillos, revocando así la decisión de instancias anteriores que lo consideraban inconstitucional. Este fallo se produjo por unanimidad y con el voto de tres conjueces.
El impuesto, establecido por la ley 26.467 en 1995, tiene como objetivo desincentivar el consumo de productos de tabaco. Fue ratificado posteriormente por la ley 27.430, que modificó su cálculo basándose en un importe fijo actualizable mensualmente según el índice de precios al consumidor. La Corte reafirmó la legitimidad de este impuesto, según lo estipulado en el artículo 103 de dicha ley.
En su resolución, la Corte destacó que la alegación de inconstitucionalidad presentada por la empresa Tabacalera Sarandí, dirigida por Pablo Otero, conocido como “el Señor del Tabaco”, carecía de justificación sólida. La Corte reiteró que los jueces no deben pronunciarse sobre la conveniencia de los tributos, salvo en el marco de las limitaciones constitucionales.
Asimismo, se abordaron los dos pilares de los tributos: el impositivo, que busca la recaudación, y el extrafiscal, que tiene propósitos de salud pública. La Corte subrayó que la normativa impugnada se alinea con las mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la política fiscal en relación al tabaco, buscando reducir su consumo.
El Estado argentino ha adherido al convenio marco para el control del tabaco de la OMS, que si bien no ha sido ratificado por el Parlamento, ha influido en la legislación nacional. La Corte también mencionó que la validez de un tributo depende de la existencia de una manifestación de riqueza, lo cual no fue demostrado en este caso.
En resumen, el fallo de la Corte proporciona importantes enseñanzas sobre la tributación, especialmente en lo que respecta a los objetivos extrafiscales, al buscar desalentar el consumo de tabaco para proteger la salud pública.
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