Un tribunal federal en Miami ordenó el cierre de gran parte del centro de detención migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades, por incumplimientos en las evaluaciones ambientales. La jueza federal Kathleen Williams dictó que el gobierno federal y el estado de Florida deben detener el envío de nuevos inmigrantes y comenzar el proceso de desmantelamiento.
Razones para el desmantelamiento de Alligator Alcatraz
La orden judicial preliminar establece que el gobierno no cumplió con los requisitos de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) al no realizar estudios de impacto antes de construir y operar el complejo. La demanda fue presentada por grupos ambientalistas y representantes de la tribu Miccosukee, quienes advirtieron que la infraestructura afectaba el suministro de agua, los humedales y la biodiversidad local.
La jueza argumentó que el proyecto “crea daños irreparables” en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona.
El fallo preliminar prohíbe la expansión de la instalación y la recepción de nuevos detenidos, aunque permite realizar reparaciones de seguridad y acciones de mitigación para reducir riesgos ambientales durante el proceso de cierre. Además, cualquier ampliación, como nuevas construcciones, queda prohibida.
El tribunal también destacó que la jurisdicción para analizar la demanda corresponde al Distrito Sur de Florida, confirmando que tanto las agencias federales como las estatales deben cumplir con las leyes ambientales en proyectos de este tipo.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó su preocupación por la decisión y anticipó un revés judicial, indicando que la jueza no ofrecería una oportunidad justa en el caso.
Destino de los detenidos en Alligator Alcatraz
Durante el cumplimiento de la orden judicial, los inmigrantes alojados en Alligator Alcatraz deberán ser reubicados por las autoridades. El fallo no especifica directamente el destino de estas personas, pero prohíbe que nuevos detenidos ingresen durante el proceso de desmantelamiento.
Recientemente, organizaciones de derechos humanos denunciaron que los internos se encontraban en condiciones de hacinamiento, sin acceso constante a representación legal y con problemas de salud relacionados con brotes infecciosos. Estos señalamientos se sumaron a las demandas ambientales, aumentando la presión sobre el gobierno federal y el estado de Florida.
La jueza estableció que las instalaciones solo podrán mantenerse en la medida necesaria para garantizar la seguridad, y la administración deberá comunicar un plan de traslado y definir alternativas para los inmigrantes actualmente retenidos.
Futuro de Alligator Alcatraz
En los próximos 60 días, el gobierno federal y el estado de Florida deberán coordinar el retiro de los inmigrantes detenidos y la remoción de las instalaciones temporales. La jueza Williams advirtió que cualquier incumplimiento podría resultar en sanciones adicionales.
La decisión deja abierta la posibilidad de que el caso continúe en apelación, pero la orden preliminar tiene efectos inmediatos, lo que significa que tanto el desmantelamiento como el traslado de internos deberán iniciarse sin esperar la resolución de instancias superiores.
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