Un grave escándalo ha sacudido al fútbol sudamericano tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, donde se suspendió el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile. Este evento, que se canceló a los dos minutos del segundo tiempo, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la falta de medidas de seguridad adecuadas.
La violencia comenzó con el lanzamiento de objetos desde la tribuna alta, donde se encontraban los hinchas de Universidad de Chile, hacia los seguidores de Independiente en la bandeja inferior. Posteriormente, se produjo un ataque por parte de miembros de una de las barras bravas del equipo local contra los hinchas chilenos que aún permanecían en el estadio. Este hecho ha generado preocupación no solo en el ámbito deportivo, sino también en el policial, judicial y político.
El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó su preocupación a través de un mensaje en redes sociales, mientras que el ministro del Interior de Chile se trasladó de urgencia a Argentina para abordar la situación. Las autoridades de Buenos Aires también intercambiaron acusaciones en un contexto político tenso, a solo 19 días de elecciones legislativas importantes.
Los dirigentes de Independiente, incluyendo al presidente Néstor Grindetti, viajaron a la sede de la Conmebol en Paraguay para minimizar las posibles sanciones. Sin embargo, el debate sobre las responsabilidades del fallido operativo de seguridad ha dominado la conversación. La policía bonaerense y la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) han sido señaladas como responsables de las fallas en la seguridad durante el evento.
El Ministerio del Interior argentino emitió un comunicado en el que se responsabiliza directamente a estas entidades por el ingreso violento de los hinchas visitantes y la falta de medidas preventivas, como la instalación de redes de contención recomendadas por Conmebol. Además, se criticó la orden de “no intervención” que recibió la policía durante los incidentes.
La situación se complicó aún más cuando la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad de la seguridad en el evento. Bullrich criticó la falta de acción de la policía, mientras que Alonso apuntó a la agencia de seguridad privada contratada por Independiente, que no cumplió con su deber de controlar a los hinchas.
En medio de este caos, la Conmebol instó a los clubes a implementar medidas de seguridad más estrictas, aunque también se ha visto envuelta en las críticas por su papel en la organización del evento. La situación ha dejado una estela de violencia y descontento que podría tener repercusiones significativas para ambos clubes involucrados.
Las investigaciones están en curso para identificar a los responsables de la violencia, y se espera que la Conmebol tome decisiones sobre posibles sanciones. La situación se ha vuelto un tema candente en la política y el deporte, y la comunidad futbolística espera respuestas y acciones concretas para prevenir que episodios como este se repitan en el futuro.
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