La Cámara de Diputados ha convertido en ley el proyecto impulsado por los gobernadores para repartir de manera automática y diaria el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo manejo ha sido monopolizado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa fue aprobada con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones.
En la próxima sesión, se abordarán otros temas sensibles, como la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA, el cambio de huso horario, una reforma al Régimen Penal Tributario, una nueva moratoria previsional y la declaración de emergencia en Bahía Blanca.
Este año, se estima que los ATN recaudarán cerca de $1 billón, y el proyecto original establece que estos fondos se distribuyan automáticamente entre las provincias según la ley de coparticipación secundaria (23.548). Los firmantes del proyecto argumentan que el costo fiscal representa solo el 0,03% del PBI, equivalente a $253.000 millones, y aclaran que no se trata de un gasto extra, sino de recursos que ya pertenecen a las provincias.
Los 24 gobernadores habían respaldado inicialmente la propuesta, pero varios de ellos han cambiado de postura tras el cierre de alianzas nacionales, prefiriendo demorar el debate y evitar una confrontación abierta con el Gobierno.
La maniobra del Gobierno
El oficialismo presentó una contrapropuesta en la Comisión de Presupuesto, que preserva la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el reparto de los ATN y establece que los remanentes anuales se distribuyan según la coparticipación. Esta versión favorece a los distritos aliados y podría obligar al proyecto a volver al Senado, lo que permitiría al presidente Javier Milei conservar un instrumento clave de presión política sobre las provincias.
Los próximos temas a tratar en el recinto incluyen la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA, modificaciones al huso horario en verano, actualización de montos por evasión fiscal, una nueva moratoria previsional y la insistencia en la ley para destinar un fondo de emergencia de $200.000 millones para Bahía Blanca.
La distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) se plantea de la siguiente manera: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, con un 25% de los fondos provinciales repartidos en partes iguales y el 75% según los índices de coparticipación.
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