La Cámara de Diputados busca sesionar hoy para tratar la anulación de una serie de vetos del presidente Javier Milei, entre ellos la emergencia en el sector de discapacidad.
Llovía, hacía frío y el viento aumentaba, pero la Plaza del Congreso se llenaba de familias con carteles que decían: “No al ajuste en discapacidad”. Otros rezaban: “No es ayuda, son derechos”, “Discapacidad = emergencia”, “No al veto”. Sobre el asfalto mojado se instaló una silla de ruedas inflable cubierta con una bandera argentina. Nadie parecía retroceder: madres, padres, hijos y cuidadores se agrupaban bajo paraguas y pilotos, convencidos de que el reclamo debía hacerse hoy, justo cuando la Cámara de Diputados intenta tratar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Estoy acá por mi hija”, dijo Graciela, con la voz quebrada. A su lado sostenía una foto plastificada de Denise, su hija de 21 años. “Yo tuve un embarazo de trillizas. Una de las nenas falleció en mi panza, la otra al mes. Me quedó Denise, que nació con 27 semanas, apenas 900 gramos. Estuvimos cuatro meses internadas en el Garrahan tratando de salvarle la vista, pero no se pudo. Ella quedó no vidente. Desde los seis meses la llevo a centros terapéuticos, a una escuela para no videntes, con transporte especial porque además tiene retraso madurativo y convulsiones. Yo necesito un respaldo, el Estado no puede mirar para otro lado”, explicó a LA NACION.
A pocos metros, bajo otro paraguas, una pareja sostenía de la mano a su hijo adolescente con síndrome de Down. Se llama Matías, tiene 16 años, y fue él mismo quien pidió hablar. “Vine porque quiero estudiar, trabajar y tener los mismos derechos que los demás. Yo no quiero que nos saquen lo que conseguimos”, dijo. Su madre, Carolina, lo escuchaba emocionada y agregó: “A Matías lo acompañamos siempre, pero él es consciente de lo que está en juego. No es solo nuestro futuro como familia, es el de miles de chicos”.
Cada grupo traía su propio relato. Algunos viajaron desde el interior, otros son porteños que apenas caminaron unas cuadras. Mariana llegó desde La Plata con su hijo en silla de ruedas. “Él necesita rehabilitación tres veces por semana, pero hace meses que los pagos a los prestadores se atrasan. Nosotros no podemos sostener eso. Las terapias son vida o muerte. Y mientras tanto el Gobierno veta la ley”, denunció.
Unos pasos más allá, Liliana Cordero mostró una carpeta con papeles prolijamente ordenados: certificados médicos, turnos, recetas. Su hija Sofía tiene 9 años, epilepsia refractaria y retraso madurativo. “Yo no puedo dejar de trabajar, pero tampoco puedo dejar de acompañarla. El transporte escolar que la llevaba dejó de pasar porque no le pagaban al chofer. Entonces falto yo al trabajo. Es un círculo que no termina. Estamos agotados”, resumió.
El frío aumentaba, pero la bronca y la esperanza sostenían a la multitud. Algunos improvisaban cantos: “¡Unidad de los que luchan!”. Otros tocaban bombos. Entre los presentes circulaba el fallo judicial que, de manera reciente, anuló el veto presidencial a la ley tras un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad. Esa decisión reabrió el debate y podría sentar un precedente histórico sobre el control judicial de los vetos presidenciales en Argentina.
Las familias sabían que nada está asegurado. “No nos vamos a ir hasta que se trate. No es solo una ley, es nuestra vida cotidiana”, repitió Susana, que participó con su hijo de 12 años con distrofia muscular. “Él necesita asistencia respiratoria nocturna y una obra social que cumpla. No podemos esperar más”.
Faltaban apenas cinco minutos para el mediodía cuando, frente al Congreso, las familias comenzaron una cuenta regresiva. El murmullo se fue apagando y al llegar a cero, puntual a las 12, todos se pusieron de pie para cantar el Himno Nacional. Los carteles se elevaron por encima de los paraguas, las voces se hicieron fuertes y, cuando las últimas estrofas se apagaron, irrumpió un grito unánime: “¡No al veto!”. El eco rebotó contra las rejas y las paredes del Parlamento, como un reclamo que no buscaba conmover sino exigir.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, pero vetada por el presidente Javier Milei. El texto buscaba declarar la emergencia en todo el país hasta diciembre de 2027, con medidas concretas: regularizar los pagos atrasados a los prestadores, actualizar aranceles, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado. La expectativa ahora estaba puesta en si Diputados logra avanzar, en un escenario político atravesado por tensiones.
Fuente original: ver aquí