La Cámara de Diputados debatirá una nueva ley de jubilaciones que, de ser aprobada, no compensará las pérdidas acumuladas en el poder adquisitivo de los jubilados en los últimos años. La norma contempla un aumento del 7,2% en los haberes, que busca cubrir la inflación de un mes, mientras que en años anteriores se registraron caídas de hasta el 50% en el poder de compra.
Si la ley se aplicara desde este mes, el ingreso más bajo del sistema contributivo de la ANSES sería de $446.935 en bruto en agosto y de $455.427 en septiembre. Esto representa un aumento del 16,3% y 16,7% respecto a los montos actuales de $384.305 y $390.277, respectivamente.
Sin embargo, si no se aplica la ley, se espera un reajuste de 1,9% en septiembre, lo que mantendría el bono de $70.000 congelado. Para aquellos jubilados con ingresos superiores a la suma del haber mínimo y el refuerzo, el aumento sería solo del 7,2%.
La ley no aborda las compensaciones por las pérdidas de poder de compra sufridas entre 2017 y 2024, lo que ha generado un aumento en la litigiosidad contra el Estado. Esta cuestión se encuentra actualmente en debate judicial.
El haber máximo del sistema de la ANSES, que este mes es de $2.114.977, podría llegar a $2.267.255 en agosto con la aplicación de la ley. La normativa también prevé un aumento del bono de $70.000 a $110.000 y su posterior reajuste mensual por inflación.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo anualizado de estas subas sería del 0,79% del PBI, lo que podría aumentar al 1,17% al incluir transferencias a cajas jubilatorias provinciales.
En la práctica, se estima que el aumento nominal de las jubilaciones entre enero y septiembre de este año alcanzará el 23,33%, superando la inflación del período. Sin embargo, para los jubilados que perciben el ingreso básico más el refuerzo, el aumento será inferior, de 18,3%, si el bono permanece sin cambios.
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