Un socio y administrador de Equipo Económico, el despacho fundado en 2006 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, defendió ante Hacienda que no pudo presentar facturas por 604.500 euros del ejercicio fiscal de 2013 debido a que fueron sustraídas en un robo en su oficina entre el 20 y 21 de enero de 2015, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso esta redacción.
El atestado de la denuncia presentada por este socio, que está en el centro de las sospechas del juez de Tarragona que instruye el caso Montoro, Rubén Rus Vela, incluía entre los efectos robados una “carpeta de piel de la marca Loewe con diversa documentación (facturación y contabilidad personal)“. Según indicó, esta situación le impedía aportar las facturas de IVA que le reclamaba la Agencia Tributaria, que había abierto un expediente sancionador.
La Administración tributaria inició un procedimiento de comprobación que concluyó en septiembre de 2015, resultando en un importe a ingresar de 7.310 euros por parte del directivo. Hacienda también solicitaba que justificara la falta de declaración de todos los ingresos imputados, ya que había declarado 604.500 euros, mientras que Hacienda detectó ingresos de 624.600 euros, de los cuales 520.500 provenían de Equipo Económico, la compañía de la que era socio.
El robo, según la resolución judicial, ocurrió antes del inicio del expediente de Hacienda. El socio de Equipo Económico argumentó que las circunstancias de la sustracción estaban “suficientemente acreditadas ante la Policía y por la empresa de seguridad (Prosegur)“, lo que justificaba su incapacidad para entregar las facturas.
Relación “genérica”
Sin embargo, Hacienda desestimó esta versión, considerando que la relación de efectos robados era “genérica” e “imprecisa”, y que no demostraba que entre dicha documentación estuvieran las facturas correspondientes al ejercicio 2013. La Agencia Tributaria concluyó que en la denuncia no constaba la pérdida de la documentación necesaria y mantuvo la sanción inicial.
El empresario recurrió la decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), argumentando que no entendía por qué no se le permitía deducir el IVA de las facturas robadas, cuando en un procedimiento inspector del IRPF del mismo ejercicio se le había admitido una deducción de 30.013 euros por gastos de las facturas sustraídas. Este argumento convenció a los magistrados, que anularon la sanción.
Empresas para desviar fondos
Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los socios de Equipo Económico disponían de un entramado societario que podría haber sido utilizado para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada. La Agencia Tributaria cuantificó los ingresos percibidos entre 2008 y 2019 por cada socio de Equipo Económico, “directamente o a través de su entramado societario”.
En concreto, Hacienda reporta que Manuel de Vicente-Tutor percibió 5.852.747 euros; Ricardo Martínez Rico 11.053.029 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho 5.749.754 euros; y Salvador Mariano Ruiz Gallo 6.117.326 euros.
Algunos integrantes de Equipo Económico ocuparon altos cargos en el Gobierno y la Administración Central del PP, donde habrían creado una red de influencias para obtener beneficios económicos. El juez Rus Vela indicó que, a cambio de importantes pagos, intervienen en reformas legislativas para satisfacer los intereses de sus clientes.
Empresas gasísticas
El despacho fundado por Montoro está en el centro de las investigaciones del juez del caso Montoro, quien destacó el papel de Equipo Económico en la presunta trama. Se le acusa de que, “mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes“. El magistrado señala que las empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) contrataron a Equipo Económico para modificar la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el IAE.
El juez advierte que, antes de contratar a Equipo Económico, las gasísticas intentaron conseguir reformas por otras vías sin éxito. La intervención de Equipo Económico no solo logró las reformas pretendidas, sino que las gasísticas terminaron redactando las reformas legales conforme a sus intereses.
El hermano de Montoro
Cristóbal Montoro fundó el despacho en 2006 y se desvinculó en 2008 al regresar a la política. Sin embargo, la fiscal Anticorrupción, Carmen García Cerdá, considera sospechoso que, al desprenderse de su participación, “no se ejercitaran derechos de adquisición preferente”. También le llama la atención que el paquete de Montoro acabara en manos de Ricardo Martínez Rico y su hermano, Ricardo Montoro, quien no constaba como participante activo en el despacho.
El escrito fiscal indica que el hermano de Montoro “pudiera parecer que repartió participaciones al resto de socios”, pero “no en función al porcentaje de estos en el momento de la transmisión“, quedando fuera del reparto el accionista mayoritario.
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