
Un video del violento arresto de Kenny Laynez, un ciudadano estadounidense de 18 años, en Florida, ha dejado una incógnita sin resolver. La grabación muestra a un agente migratorio mencionando un supuesto bono de US$30.000 por cada detención, lo que podría haber motivado la actuación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Sin embargo, el gobierno federal ha negado la vigencia de tal política.
Arresto por error y acusaciones de discriminación en Florida
Laynez, quien viajaba con su madre y dos compañeros de trabajo, fue detenido por agentes de la CBP y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) debido a un exceso de pasajeros en el asiento delantero.
Dos de los acompañantes eran indocumentados, según declaraciones de Laynez a CBS News. Durante la intervención, los agentes utilizaron pistolas eléctricas Taser contra los compañeros de Laynez, quienes fueron detenidos a pesar de no ofrecer resistencia.
En la grabación, un agente le dice a Laynez: “Eres un ‘migo’, hermano. Aquí no tienes derechos”, cuestionando su estatus migratorio por su apariencia hispana, a pesar de haber nacido y crecido en Estados Unidos. Laynez relató que no pudo volver a comunicarse con sus amigos detenidos.
La polémica por el presunto bono de US$30.000 en operativos migratorios
El video también registró un intercambio entre oficiales sobre el presunto bono de US$30.000 por arrestos. Univisión Noticias consultó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que aseguró que es “una política que nunca entró en vigor”. Sin embargo, The New York Times reveló que, a principios de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó implementar un programa piloto de incentivos económicos para acelerar deportaciones.
Según documentos internos, la iniciativa proponía pagar US$200 por cada inmigrante deportado en un plazo de siete días tras su arresto, y US$100 si la expulsión ocurría en dos semanas. El plan fue cancelado a las pocas horas, y el DHS afirmó que no había sido autorizado por los líderes de la agencia.
Objetivos y presión sobre las agencias migratorias en EE.UU.
Este plan forma parte del objetivo de Donald Trump de realizar 3000 arrestos diarios y aumentar significativamente el presupuesto del ICE, que pasará de US$8000 millones a US$28.000 millones anuales. La administración también ha ofrecido bonos de contratación de hasta US$50.000 para sumar 10.000 agentes y acelerar deportaciones mediante procedimientos como el “expedited removal”, que permite expulsar a inmigrantes sin proceso judicial.
Stephen Miller, asesor de Trump, promovió esta campaña de contratación del ICE con mensajes ideológicos en redes sociales. Expertos en inmigración han alertado que estos incentivos podrían poner en riesgo los derechos procesales de los inmigrantes.
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