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Aplican ley antimafia para desarticular vínculos entre narcos y fútbol

ROSARIO.- Lautaro Ghiselli, actual jefe de la barrabrava de Rosario Central, fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina en los últimos días, en una residencia en el centro de Rosario. Laucha, como es apodado, fue aprehendido en el marco de la ley antimafia, según confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional.

El detenido será imputado en la Justicia provincial, en el marco de la causa por asociación ilícita que ya tiene otros detenidos, entre ellos, a Lisandro Contreras, que está preso desde diciembre pasado, cuando fue ubicado por la PFA en el country San Sebastián, de Tigre.

Ghiselli fue quien reemplazó a Andrés Bracamonte en las tribunas de Rosario Central, pero además, los investigadores lo vinculan a la banda Los Menores, que es uno de los brazos operativos de Matías Gazzani, quien actualmente está prófugo. Tanto el gobierno de Santa Fe como la Nación ofrecieron 70 millones de pesos por información para detenerlo. Es uno de los jefes de una especie de cooperativa narco que tiene dominio en el narcomenudeo de Rosario y también operaciones de contrabando.

Los detenidos por el crimen de Bracamonte pertenecen a la banda Los Menores, que está sospechada de matar a Pillín y a su lugarteniente Ricardo Attardo el 9 de noviembre pasado, en una emboscada a tres cuadras del Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central.

“El nuevo jefe de la barra fue detenido en un departamento de la calle Salta al 2400, en el barrio Pichincha. La captura se produjo a partir de un pedido de la fiscal provincial Georgina Pairola, quien investiga a Ghiselli como supuesto organizador dentro de la banda Los Menores. En el lugar se secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas y un carnet de socio de Rosario Central”, se detalló en un comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional.

La pesquisa fue coordinada por el Equipo Conjunto de Investigación para la Aplicación de la Ley Antimafia en la ciudad de Rosario, con la intervención de Procunar y los fiscales regionales Matías Merlo y Georgina Pairola.

Las bandas narco han copado los núcleos duros de las hinchadas de Newell’s y Rosario Central, buscando incrementar la fidelización a partir del “amor” a la camiseta y controlar los negocios paralelos en torno al club. Este fenómeno se ha vinculado a un control territorial que significa el dominio de determinadas zonas, lo que dificulta cualquier desafío a este entramado criminal.

Ninguna de estas maniobras se podría concretar sin la complicidad de la dirigencia. Esto quedó expuesto el 24 de junio de 2023, cuando la banda de Los Monos desplegó una gigantesca bandera en el estadio durante la despedida de Maximiliano Rodríguez, lo que llevó al presidente del club Ignacio Astore a dar explicaciones en la justicia.

En Rosario Central, los asesinatos de Bracamonte y Attardo expusieron que el crimen organizado busca quedarse con el control de la barra. Tras la muerte de Bracamonte, un miembro de la banda Los Menores asumió la jefatura de la barra.

El 16 de julio pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la aplicación de la ley antimafia en Rosario para desarticular una nueva generación de narcos vinculados a las hinchadas de fútbol. Uno de los objetivos es atrapar a Matías Gazzani, que actúa con extrema violencia.

La interpretación en el Ministerio de Seguridad Nacional es que Gazzani es el referente de una cooperativa narco que está en expansión en Rosario y la región.

El temor es que el escenario criminal de Rosario, que había mejorado con la baja de homicidios, vuelva a reproducir un entorno de violencia. En el primer semestre de 2025, el departamento Rosario registró 68 homicidios, 10 más que en el mismo período de 2024.

Las autoridades están alertas ante el hallazgo de un arsenal en la casa de uno de los miembros de la banda, que incluye fusiles de asalto poco comunes en manos de grupos criminales locales.

El problema de la violencia narco en Rosario sigue latente, y los reacomodamientos en el mundo criminal obligan a las autoridades a actuar con firmeza para evitar que se repita el mismo esquema que causó estragos en la ciudad durante más de una década.

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