En 2009, Santiago Cervera, diputado del PP, defendió la postura de su partido frente a la ley del aborto promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, argumentando que “la vida del no nacido merece ser protegida y la ley no puede hacer que su disponibilidad dependa únicamente del libre albedrío de nadie, ni siquiera de sus propios progenitores”. Actualmente, el PP ha asumido el aborto como un derecho, aunque ha generado debate interno, situación que el Gobierno ha aprovechado para impulsar su blindaje en la Constitución.
El 3 de marzo de 2010, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta norma reemplazó la ley de 1985 que permitía el aborto en supuestos específicos. El nuevo texto, rechazado por el PP, varios diputados de CiU, Coalición Canaria, UPN y UPyD, permitía el aborto hasta las 14 semanas y hasta las 22 en casos de riesgo grave para la madre o anomalía fetal grave. Además, permitía que las jóvenes de 16 y 17 años abortaran sin consentimiento paterno.
Quince años después, la ley apenas ha cambiado en su esencia. Sin embargo, el PP ha abandonado su rechazo tajante, y no se han atendido las peticiones de algunos socios del Gobierno de Zapatero de ampliar el plazo para abortar sin justificación médica a 22 semanas o eliminar el artículo 145 del Código Penal, que criminaliza el aborto fuera de los supuestos legales.
El giro de los populares
Tras la intervención de Cervera, en la que acusó a Zapatero de usar la ley del aborto para dar la impresión de que el Gobierno “estaba haciendo algo por el país”, Mariano Rajoy llegó a la Moncloa prometiendo derogar la norma. Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, impulsó una iniciativa en esa dirección, pero las protestas sociales obligaron al Ejecutivo a dar marcha atrás. En 2015, Rajoy solo eliminó el párrafo que permitía a las menores de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento de sus tutores, medida que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos revirtió en 2022.
“No estamos validando el resto de las cuestiones que fueron objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, sino que seguimos manteniendo nuestras dudas con respecto a su constitucionalidad”, declaró en 2015 la diputada del PP Marta González al defender la reforma. En febrero de 2023, con Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, el Tribunal Constitucional dictó sentencia. Feijóo admitió que “una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales”, aunque insistió en que el aborto era “una cuestión poliédrica”.
Un nuevo paso
Feijóo señaló que el único aspecto que no compartía era que las menores de 16 y 17 años no necesitaran consentimiento paterno, y prometió derogar ese punto en su programa electoral de 2023. Sin embargo, el debate sobre el aborto resurgió tras la aprobación de una iniciativa de Vox, apoyada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid, para obligar a informar a las mujeres que deseen abortar sobre la supuesta existencia de un “síndrome postaborto”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha intensificado la polémica.
El Ejecutivo de PSOE y Sumar ha anunciado su intención de incluir en el artículo 43 de la Constitución “el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo”, una demanda que muchos de sus socios ya plantearon en 2010. A diferencia de hace 15 años, los dirigentes del PP reconocen que “ya hay un derecho al acceso al aborto, que está perfectamente establecido en las normas y que se está llevando a cabo en toda España”. No obstante, se oponen a la iniciativa del Gobierno, lo que imposibilita la reforma constitucional sin sus votos.
Las posiciones que antes defendía el PP ahora son representadas por Vox, que rechaza el aborto de forma absoluta. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, afirma que la propuesta del Gobierno busca instaurar “la cultura de la muerte”, palabras que no se pronunciaron hace 15 años.
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